FGR no encuentra a su testigo clave del caso Estafa Maestra

Una de las figuras centrales en el descubrimiento e investigación de los millonarios desvíos de recursos bajo la llamada Estafa Maestra, la exjefa de la Dirección de Auditoría Forense de la ASF, Muna Dora Buchahin, no testificará en el juicio oral que actualmente se encuentra en desarrollo por este caso pese a que sí estaba contemplada.

La razón: la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo localizarla en su domicilio o por algún otro medio, tras haberla ofrecido ella misma como testigo. Al final los fiscales terminaron desistiéndose de dicho testimonio y de otras cuatro personas que tampoco ubicaron.

Así las Cosas PM sí pudo localizar ayer a dicha exfuncionaria pero esta declinó la solicitud de hacer algún comentario en torno a este tema.

El pasado 5 de junio inició el primer juicio oral por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de La Estafa Maestra. Los primeros procesados en enfrentar esta etapa son dos exfuncionarios de rango medio de la Secretaría de Desarrollo Social y un apodero de una empresa que habría recibido parte de los recursos públicos malversados.

Por este mismo caso, abierto bajo la causa penal 400/2020, había una orden de aprehensión en contra de la extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, misma que la FGR, por razones que hasta ahora se desconocen, no fue cumplimentada y a la postre fue cancelada a través de un juicio de amparo.

En el desarrollo de este juicio los representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ofrecieron entre sus testigos de cargo a la exdirectora General de Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin para que, entre otras cosas, ampliara la información sobre seis dictámenes que hizo su equipo en el que se detectaron irregularidades por casi mil millones de pesos.

Dichas irregularidades, de acuerdo con las declaraciones ministeriales vertidas por Muna Dora y asentadas en la carpeta de investigación que dio pie a esta acusación, fueron hechas del conocimiento en de la entonces titular de la Sedesol, Rosario Robles, y de su exoficial mayor, Emilio Zebadúa. Todo ello a través de reuniones directas sostenidas con los altos funcionarios.

En ese contexto, la declaración de la exfuncionaria formaba parte de la estrategia de los fiscales para demostrar que los hechos irregulares eran reiterados y consentidos por los implicados, aspectos importantes en un caso donde lo que hay que probar es una organización delictiva que perpetra hechos delictivos recurrentes.

Pero “no la ubicaron”

El pasado 5 de junio y tras años de espera arrancó el juicio oral en contra de tres de los procesados en este caso: José Antolino Orozco y María de la Luz Vargas, ambos exfuncionarios de la Sedesol, y Luis Antonio Valenciano Zapata, socio de una empresa implicada en la trama.

La FGR pidió penas de hasta 45 años de prisión para todos ellos por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El testimonio de Muna Dora Buchahin estaba inscrito entre los primeros que sería desahogado al arranque del juicio por la relevancia de su información. En el acta de la audiencia intermedia, de la que se cuenta con copia, ocupaba la posición cinco dentro de los 35 testigos contemplados por los fiscales para declarar ante el juez.

Sin embargo, la comparecencia de Muna Dora se fue postergando, bajo el argumento de que los fiscales sostuvieron que tenían problemas para localizarla. Finalmente, el pasado lunes 1 de julio la FGR indicó a la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez que se desistían de dicho testimonio y de otros cuatro más ante la imposibilidad de ubicar a estas personas.

Esta situación también dejó a la defensa sin la posibilidad de entrevistar en el juicio a Muna Dora Buchahin sobre los dictámenes aportados como pruebas en el proceso.

El argumento esgrimido por los fiscales sobre la imposibilidad que tuvieron de localizar a la exfuncionaria llama la atención pues se trata de una persona de perfil público y activa en la difusión de distintos mensajes. Apenas hace unos meses la exdirectora forense publicó un libro sobre temas de corrupción en una de las casas editoriales más importantes del país, y ha dado distintas entrevistas sobre ello.

Además, la exdirectora forense cuenta con una videocolumna recurrente en un medio de comunicación y, en distintos momentos, ha dado entrevistas justo sobre el tema de la Estafa Maestra.

Así las Cosas PM contactó a la exfuncionaria para preguntarle si había recibido los citatorios en su domicilio para acudir al juicio y de ser el caso si existió una razón para no asistir. Muna Dora Buchahin declinó hacer comentarios.

Caso pende de un hilo

Esta semana concluirá el desahogo de pruebas en este caso. El paso siguiente será que la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez dicte sentencia condenatoria o absolutoria para los acusados.

Aunque este es el primer juicio oral dentro de la causa penal (y el primero por delitos de esta gravedad en todo el tema de La Estafa Maestra), el proceso y la investigación abierta se han venido debilitando desde hace tiempo.

Las tres personas de mayor jerarquía que estaban acusadas de formar parte de la presunta organización delictiva obtuvieron amparos que cancelaron las ordenes de aprehensión giradas en su contra, con lo que el juicio no pudo siquiera iniciarse. Se trata de Rosario Robes, extitular de Sedesol y Sedatu; Simón Pedro León Mojarro, exdirectivo en dichas dependencias; y Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos.

En todos esos casos los jueces encontraron fallas en la argumentación de la teoría del caso y ausencia de datos probatorios. Un tema que podría ahora con los que sí están siendo enjuiciados.

Además, la FGR decidió por cuenta propia NO proceder penalmente en contra del exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, ni de personas allegadas a él, pese a que se trataba del principal operador de este fraude, según las propias pruebas asentadas en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000605/2020.

La investigación “La estafa de la Estafa” mostró que esta “exoneración” de facto fue resultado de la colusión de los fiscales en presuntos hechos de corrupción que incluyeron el pago de sobornos y tráfico de influencias.